Un potencial escándalo
se destapó este fin de semana, cuando el diario estadounidense The New York
Times detalló en una de sus principales páginas, como la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ayuda al lavado de dinero
procedente de esas bandas criminales que sumergen a México en una guerra civil.
El objetivo, según la DEA ,
fue seguirle la pista a los narcotraficantes, conocer cómo manejan y mueven sus
fondos, sus principales líderes, en fin, detalles de su funcionamiento interno.
Al parecer, estos tipos de experimentos están de moda entre las agencias
gubernamentales norteamericanas, a quienes poco importa el impacto humano, pues
se trata ahora de la versión financiera
de Rápido y Furioso, no la popular
película, sino la operación que introdujo en México miles de armas procedentes
de Estados Unidos con el mismo objetivo
de seguirles el rastro a los criminales.
De iniciativas tan
peligrosas solo deberían esperarse resultados aplastantes, golpes en las nucas
de esas bandas que han hecho del narcotráfico un negocio transnacional; pero
no, “Rápido y Furioso” fue un fracaso, dejó más de dos mil armas de diferentes
calibres en mano de los carteles de la droga y no se sabe cuantas vidas
perdidas, mientras, la similar iniciativa de la DEA recién descubierta no ha afectado en nada las
operaciones financieras del narcotráfico. El reportaje de The New York Times
asegura que la agencia permite a los contrabandistas llenarse el bolsillo
durante años, antes de ejecutar arrestos y decomisos. Las estadísticas lo
demuestran; de los 39 mil millones de dólares que mueven los carteles de la
droga, la DEA
solo decomisó mil millones el año pasado.
Aunque echemos a un lado
las implicaciones morales del asunto, el costo humano, y confiemos en las
supuestas buenas intenciones de la
DEA , siempre quedan preguntas en el aire. ¿Se sancionan o
investigan también a los socios norteamericanos de los carteles? ¿Esas
operaciones ilegales no requieren de un apoyo extraordinario al otro lado de la
frontera? Washington muestra el narcotráfico como un asunto interno de México o
Centroamérica, evita tener responsabilidades en la búsqueda de soluciones al
problema y solo se implica a la hora de señalarlo como un peligro para su
seguridad nacional, sin embargo, el esquema de este tipo de operaciones
ilegales lo señalan como parte sustancial del flagelo, no como víctima, también
como victimario.
¿Podrían existir los
narcotraficantes mexicanos sin el apoyo de sus aliados en territorio
norteamericano? ¿No hay en suelo estadounidense toda una infraestructura al
servicio del narcotráfico? ¿Dónde se lavan esos millones de dólares? ¿Quiénes
venden las armas o consumen las drogas? Estados Unidos no solo es parte del
problema, sino que es la parte más beneficiada. En la reciente cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presidenta argentina, Cristina
Fernández, ponía el dedo en la llaga al comentar como los narcotraficantes era
latinos, pero el dinero no paraba en la región.
Está en dudas las
intenciones del gobierno de Estados Unidos de erradicar la producción de drogas
y el crimen organizado en América Latina. En los últimos años ha sido la excusa
para mantener su presencia militar en la región, implementar iniciativas como los
planes Mérida y Colombia que reportan millones de dólares al Complejo Militar
Industrial, estigmatizar a los procesos progresistas latinoamericanos como
Bolivia, Venezuela, incluso Cuba. En momento de esplendor para la unidad
latinoamericana ¿No será la supuesta lucha contra el narcotráfico el recurso de
la Casa Blanca
para descarrilar la voluntad latinoamericana?
No hay comentarios:
Publicar un comentario